MADRID- La investigación policial sobre el uso de un piso en Marbella (Málaga) por parte del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que éste ha insistido por activa y pasiva que sólo lo tiene alquilado y en ningún caso es de su propiedad, tiene visos de no haber sido todo lo escrupulosa que requería. El ministro del Interior, Jorge Fernández, señaló el miércoles que el número 2 de Esperanza Aguirre, no dudó en afirmar que ese hecho se realizó de forma «irregular», y que, según los informes de los que ya dispone un mando de la Dirección General de Policía fue quien instó a otros agentes a que llevaran a cabo esa investigación de una manera discreta y confidencial.
Las fuentes consultadas por LA RAZÓN aludieron a distintas de las presuntas irregularidades en que podrían haber incurrido tanto los agentes como, principalmente, quien les ordenó el seguimiento de Ignacio González. En primer lugar, el hecho de que esa investigación al vicepresidente de la Comunidad de Madrid se hubiese prolongado durante seis meses y que, en ningún momento dado, se hubiese dado cuenta alguna de ello ni a la Fiscalía ni al juzgado correspondiente.
Si no se ha informado de ello a quienes son los competentes de realizar la investigación judicial es por la sencilla razón de que los agentes, pese a todo el tiempo dedicado, no han encontrado indicio alguno de delito, ya que, en ese caso, estarían obligados a ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o fiscal.
Por escrito
Una segunda irregularidad podría derivar, y sería lo esencial, según las fuentes consultadas, en que no se documentó oficialmente ninguna de las diligencias practicadas. Cualquier actuación policial debe constar por escrito, con las firmas, en su caso, del instructor y del secretario de la misma. Nada de lo que realiza oficialmente la Policía puede quedar «en el limbo», es decir, con la apariencia de que no se llevó a cabo.
De esta forma, se habría actuado «sin seguir lo que establece el protocolo de la Policía» en este tipo de supuestos, ya que no consta la apertura de ninguna diligencia, como establecen las normas de actuación de este Cuerpo.
Tras el anuncio de Jorge Fernández Díaz de esta presunta «ilegalidad» en la investigación llevada a cabo entre julio y agosto del pasado año, ayer el Sindicato Unificado de Policía (SUP) trató, sin éxito, de desmentir al titular de Interior asegurando en un comunicado que «es una práctica habitual que, cuando llega alguna noticia, información, confidencia sobre presuntas actuaciones ilícitas de cualquier ciudadano, si se considera que la fuente que la produce es digna de crédito o tiene cierta fiabilidad, se pueden realizar indagatorias previas». Pero es que además, el SUP mantiene que esta es una tarea sumamente frecuente. «Esto lo hacemos todos los días todas las policías de España, porque si por cada confidencia o anuncio de posible delito acudiésemos a un juzgado no habría jueces bastantes».
«Se hablará mucho en el futuro»
En relación a la última parte del comunicado del SUP, en la que se advierte de que «se hablará mucho en el futuro» de este asunto, fuentes consultadas por este periódico vinieron a coincidir en que este sindicato policial «da la impresión de que se pone la venda antes que la herida», pero principalmente se reprocha que «un sindicato integrado por agentes de la autoridad se dedique a incluir en sus comunicados oficiales amenazas veladas a un cargo público, en este caso de la Comunidad de Madrid, lo que claramente chirría en un Estado de Derecho».
Fernández Díaz argumentó que las pesquisas no habían sido consecuencia de ninguna investigación judicializada ni oficial. El motivo, el porqué de dicha investigación, es el quid de la cuestión. En este sentido, Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), aseguró ayer este diario que «lo que el ministro señala como ilegal es la motivación, no la investigación como tal» y que «el mando político será el que tenga que responder por qué lo ha ordenado y por qué se ha hecho». Y señala que, dada la relevancia del investigado, «es muy difícil que Francisco Javier Velázquez (Director general de la Policía), o el propio Rubalcaba, como ministro del Interior, no tuvieran conocimiento de la misma». En definitiva, indica Perdiguero, «se ha demostrado que estábamos politizados, para beneficio de la directiva policial, del director general, que al fin y al cabo es un político».
La investigación de Ignacio González no fue judicializada, algo que el propio SUP admite. Y sobre esta cuestión, Perdiguero señala que lo que «los jueces piden es que les lleves algo que merezca la pena», puesto que «no les interesa el inicio de una investigación si no hay algo donde de agarrar». Eso sí, «no hay nada que objetar sobre la investigación que hicieron los policías». Y es que para Perdiguero, «ojalá se investigase en el resto de países como en España», refiriéndose no a la Policía politizada, sino a los policías que actúan en el 99% de los casos de forma correcta. Y para muestra un botón. «Si miras el resumen anual de la Fiscalía, hay muy pocos policías investigados».
Pero el caso de Ignacio González no es único de este tipo. Durante los últimos años se han producido otros muy similares. Uno de los más recientes se produjo en el marco de la «Operación Galgo» contra el dopaje en el deporte, en la que estaba implicada la actual senadora del PP Marta Domínguez. A principios de este mes, la Audiencia Provincial de Madrid declaraba nulas las escuchas realizadas porque, según los magistrados, no había «ningún indicio objetivo o sospecha fundada de la comisión por los investigados de un delito».
En el «caso Campeón», que investiga el supuesto cobro de comisiones por parte del ex ministro de Fomento José Blanco,también hay denuncias por espionaje ilegal. Por un lado, el ex diputado del PP Pablo Cobián aseguró que las escuchas realizadas contra él eran ilegales y el pasado mes se negó a declarar hasta que éstas fueran anuladas. A su vez, la jueza que instruye el caso denunció haber sido seguida por el CNI.
Varios años antes, en 2009, el PP denunció una campaña de espionaje contra dirigentes del partido como María Dolores de Cospedal, Federico Trillo o Camps, a los que habrían pinchado el teléfono.
Otro caso también muy mediático y que levantó polémica fue el del ex diputado del PP y ex presidente de Endesa, Manuel Pizarro, que denunció en 2007 que estaba siendo espiado por el CNI.
COMENTARIO: SEGUIR A UNA JUEZA, PARA QUE... QUIZAS PARA SABER QUE ESTA INVESTIGANDO Y SI LES INFLUYE A LOS INVESTIGADORES.... ¿QUE COSAS MAS RARAS?
